El desarrollo tecnológico ha impulsado una evolución significativa del cifrado, lo que lo ha convertido en un pilar de la seguridad de la información y una herramienta importante para garantizar la privacidad de los mensajes y las llamadas, la seguridad de las transacciones financieras y la autenticación de los documentos digitales. Debido a su relevancia, el cifrado ha cobrado protagonismo en los debates regulatorios, especialmente en temas como la privacidad, la seguridad nacional y la investigación criminal.
En una sociedad cada vez más interconectada, el uso de herramientas criptográficas adquiere aún más importancia, especialmente considerando la diversidad de actores que podrían amenazar derechos individuales y colectivos, como gobiernos autoritarios, actores malintencionados del sector privado y delincuentes. Cada vez son más los actores que utilizan sistemáticamente herramientas para romper el cifrado, como First Mile y Pegasus, y cada vez hay más casos de cibervigilancia y persecución de ciberactivistas en América Latina, donde la legislación sobre protección digital aún es incipiente.
Fue en este contexto que, como parte del Programa Líderes de LACNIC, desarrollé el proyecto “Entre Claves y Códigos: Un mapa de la legislación sobre cifrado en el Cono Sur”. El estudio mapeó y analizó 144 leyes, decretos y resoluciones de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de comprender cómo cada país define, regula y fomenta el uso del cifrado. Investigamos cuestiones fundamentales como la delimitación del uso del cifrado, disposiciones legales sobre los mecanismos criptográficos, el reconocimiento del derecho a utilizar cifrado, incentivos para su desarrollo y condiciones bajo las cuales se admiten restricciones.
El proyecto adoptó un enfoque metodológico de análisis cualitativo de artefactos normativos, recopilados en revistas oficiales, utilizando palabras clave, así como una revisión de la literatura como instrumento complementario.
La investigación mapeó y analizó 144 artefactos normativos, entre ellos leyes, decretos y resoluciones, con el objetivo de comprender cómo se define, regula y promueve el cifrado en el contexto de cada uno de los países mencionados. Los datos revelaron que, si bien el cifrado es ampliamente reconocido como un medio para garantizar la seguridad y la privacidad, pocos países tienen mecanismos claros para incentivar su uso o regulaciones sólidas que aborden su aplicación en sectores específicos.
El análisis reveló un escenario regulatorio variado, donde Chile emerge como líder, Brasil y Uruguay ocupan posiciones intermedias, y Argentina y Paraguay enfrentan importantes desafíos. Chile tiene el marco regulatorio más robusto y se destaca por reconocer el derecho al cifrado en su Ley 21.663/2024, una innovación en la región que garantiza a los ciudadanos la protección de sus comunicaciones. Además, el país cuenta con 20 artefactos normativos que regulan detalladamente el uso de mecanismos criptográficos en sectores estratégicos, como la ciberseguridad y la economía digital. La legislación chilena también incluye definiciones claras de conceptos como cifrado y descifrado, lo que reduce ambigüedades y facilita su aplicación regulatoria.
En Brasil los avances son fragmentados. Si bien no existe una legislación específica para el cifrado, el tema está integrado en diferentes políticas públicas, como la Política Nacional de Ciberseguridad. A través de la inclusión de definiciones legales en decretos presidenciales, Brasil regula el uso del cifrado en áreas como la protección de datos y las transacciones electrónicas. A pesar de los avances significativos, existen vacíos en la consolidación de un marco regulatorio unificado que podría potenciar su aplicación en los sectores emergentes.
La investigación mapeó y analizó 144 artefactos normativos, entre ellos leyes, decretos y resoluciones, con el objetivo de comprender cómo se define, regula y promueve el cifrado en el contexto de cada uno de los países mencionados. Los datos revelaron que, si bien el cifrado es ampliamente reconocido como un medio para garantizar la seguridad y la privacidad, pocos países tienen mecanismos claros para incentivar su uso o regulaciones sólidas que aborden su aplicación en sectores específicos.
El análisis reveló un escenario regulatorio variado, donde Chile emerge como líder, Brasil y Uruguay ocupan posiciones intermedias, y Argentina y Paraguay enfrentan importantes desafíos. Chile tiene el marco regulatorio más robusto y se destaca por reconocer el derecho al cifrado en su Ley 21.663/2024, una innovación en la región que garantiza a los ciudadanos la protección de sus comunicaciones. Además, el país cuenta con 20 artefactos normativos que regulan detalladamente el uso de mecanismos criptográficos en sectores estratégicos, como la ciberseguridad y la economía digital. La legislación chilena también incluye definiciones claras de conceptos como cifrado y descifrado, lo que reduce ambigüedades y facilita su aplicación regulatoria.
En Brasil los avances son fragmentados. Si bien no existe una legislación específica para el cifrado, el tema está integrado en diferentes políticas públicas, como la Política Nacional de Ciberseguridad. A través de la inclusión de definiciones legales en decretos presidenciales, Brasil regula el uso del cifrado en áreas como la protección de datos y las transacciones electrónicas. A pesar de los avances significativos, existen vacíos en la consolidación de un marco regulatorio unificado que podría potenciar su aplicación en los sectores emergentes.
Por otro lado, Uruguay presenta un enfoque más organizado, con leyes que regulan el uso del cifrado en sectores como el comercio electrónico y la protección de datos. Sin embargo, el país enfrenta limitaciones, como la ausencia de incentivos claros para la adopción a gran escala y la falta de definiciones legales para conceptos fundamentales como el descifrado.
Por su parte, en Argentina y Paraguay los marcos regulatorios son incipientes. En Argentina, la única norma relevante es la Ley 25.506/2001, que trata sobre la firma digital pero no aborda directamente el cifrado como un derecho o una tecnología estratégica. En Paraguay, si bien existen algunas definiciones básicas, no hay incentivos estructurales ni políticas públicas encaminadas a fortalecer el cifrado. Estas deficiencias comprometen la capacidad de estos países para fomentar la economía digital y proteger los derechos fundamentales.
Uno de los resultados más importantes del proyecto es el mapa legislativo interactivo, una herramienta práctica para los formuladores de políticas, investigadores y organizaciones interesadas en promover un futuro digital más seguro.
También abre caminos para futuras investigaciones y desarrollos. Una de las áreas de mayor potencial es la investigación sobre el impacto económico del cifrado, explorando cómo las políticas públicas que promueven su uso pueden impulsar sectores como el comercio electrónico y los servicios financieros. Otro aspecto prometedor es el análisis de la intersección entre el cifrado y los derechos humanos, evaluando cómo los diferentes enfoques regulatorios afectan la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información.
Así, el proyecto destaca que, si bien el cifrado es ampliamente reconocido como un mecanismo esencial para la seguridad digital, muchos países del Cono Sur todavía carecen de regulaciones sólidas e incentivos claros para su adopción. Al proponer una visión integrada y coordinada, se pretende ofrecer subsidios técnicos a los formuladores de políticas, investigadores y organizaciones que deseen construir un futuro digital más seguro e inclusivo.
Por último, participar en el Programa Líderes de LACNIC ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. El programa no solo ofrece la oportunidad de desarrollar un proyecto relevante, sino que también permite acceder a una red de expertos y líderes de la región, fomentando así la colaboración y el aprendizaje. Recomiendo la participación de cualquier persona interesada en la gobernanza y el desarrollo de Internet en América Latina.
