Cómo impulsan los gobiernos de la región la adopción de IPv6
19/11/2026
Por Miguel Ignacio Estrada, Gerente de Relaciones Estratégicas de LACNIC
Las compras públicas, la modernización de los servicios estatales y la colaboración con la comunidad técnica ofrecen a los gobiernos herramientas concretas para impulsar IPv6. Diversas experiencias de la región muestran cómo ponerlas en práctica.
La adopción de IPv6 es una decisión estratégica para el desarrollo digital. Ante el agotamiento de IPv4, su adopción permite sostener el crecimiento de Internet y reducir la dependencia de mecanismos que comparten direcciones IPv4 entre numerosos usuarios. Para los Estados, avanzar implica preparar sus redes, sus servicios y sus inversiones tecnológicas para las necesidades futuras.
En nuestra región, distintos gobiernos han impulsado este proceso mediante diversas medidas y actividades. Las experiencias que les presentamos a continuación ilustran algunas de esas herramientas.
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El Estado como comprador y proveedor de servicios digitales
Costa Rica vinculó tempranamente la adopción de IPv6 con la gestión pública. La Directriz 049-MICITT de 2013 instó a incorporar su soporte en las compras de productos y servicios de TIC, elaborar planes de implementación e identificar equipos y programas incompatibles. También estableció el 30 de junio de 2015 como fecha límite para la implementación institucional. Se trata del plazo previsto por la directriz, que por sí mismo no acredita su cumplimiento.
Ecuador adoptó una medida centrada en los servicios digitales: el Acuerdo Ministerial 007-2012 requirió a las instituciones y organismos del sector público implementar soporte y compatibilidad con IPv6 en sus sitios web y plataformas de servicios electrónicos, en coexistencia con IPv4.
En Colombia, la Resolución 2710 de 2017 estableció lineamientos para las entidades estatales. La Resolución 1126 de 2021 actualizó ese marco, fijando nuevos plazos en 2022 para las entidades nacionales y territoriales alcanzadas e incorporando la adopción de guías de transición y aseguramiento de IPv6. Esta combinación de planificación y orientación técnica ayuda a abordar también la operación segura del protocolo.
El Estado como comprador y proveedor de servicios digitales
Costa Rica vinculó tempranamente la adopción de IPv6 con la gestión pública. La Directriz 049-MICITT de 2013 instó a incorporar su soporte en las compras de productos y servicios de TIC, elaborar planes de implementación e identificar equipos y programas incompatibles. También estableció el 30 de junio de 2015 como fecha límite para la implementación institucional. Se trata del plazo previsto por la directriz, que por sí mismo no acredita su cumplimiento.
Ecuador adoptó una medida centrada en los servicios digitales: el Acuerdo Ministerial 007-2012 requirió a las instituciones y organismos del sector público implementar soporte y compatibilidad con IPv6 en sus sitios web y plataformas de servicios electrónicos, en coexistencia con IPv4.
En Colombia, la Resolución 2710 de 2017 estableció lineamientos para las entidades estatales. La Resolución 1126 de 2021 actualizó ese marco, fijando nuevos plazos en 2022 para las entidades nacionales y territoriales alcanzadas e incorporando la adopción de guías de transición y aseguramiento de IPv6. Esta combinación de planificación y orientación técnica ayuda a abordar también la operación segura del protocolo.
Perú, mediante el Decreto Supremo 081-2017-PCM, dispuso la formulación de planes de transición en las entidades de la Administración Pública comprendidas en la norma. Además, asignó a la Secretaría de Gobierno Digital la coordinación de acciones de apoyo, como lineamientos, guías y capacitaciones.
En México, la Guía para la transición al protocolo IPv6 en la Administración Pública Federal, de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, contempló grupos de trabajo, planes institucionales y soporte IPv6 en los bienes y servicios TIC contratados. Incluyó como meta que al menos el 80% de los activos de las redes institucionales operaran en un ambiente IPv6 al finalizar 2025. Esa meta describe la planificación prevista, no un resultado verificado.
Algunas instituciones públicas acompañaron la promoción con la habilitación de sus propias plataformas. En Uruguay, Agesic informó en 2012 que había configurado los sitios alojados en sus plataformas web para hacerlos accesibles mediante IPv4 e IPv6.
Argentina creó mediante la Resolución 4/2018 una Coalición para la adopción de IPv6 abierta a las múltiples partes interesadas. Su diseño contempló colaboración, buenas prácticas y planes con metas, indicadores y plazos. Es un antecedente de articulación entre el Estado y otros actores del ecosistema.
En Brasil, Anatel aprobó en octubre de 2024 un plan de acción que incluyó reactivar el GT-IPv6, diagnosticar y fomentar la adopción entre prestadores pequeños, ampliar el soporte mediante certificación de equipos y desarrollar acciones de concientización y seguimiento.
Venezuela estableció medidas y metas para los operadores mediante la Providencia Administrativa 096, publicada en junio de 2025. En noviembre de 2026, Conatel anunció una consulta pública para reformarla, con énfasis en simplificar trámites y digitalizar el seguimiento. La propuesta en consulta debe distinguirse de las disposiciones ya aprobadas.
La agenda también llegó al ámbito regional: en julio de 2025, el Consejo del Mercado Común aprobó la Recomendación 02/2025 del MERCOSUR, orientada a acelerar la adopción de IPv6 por los Estados partes para impulsar el crecimiento digital y la integración económica.
¿Qué acciones recomendamos a los gobiernos desde LACNIC?
Desde LACNIC promovemos la participación de todos los sectores en el fomento de la adopción. Recomendamos la colaboración y los compromisos voluntarios entre múltiples partes interesadas como vía para movilizar el despliegue. En lo que refiere a gobiernos, nuestra propuesta incluye acciones concretas para impulsar la adopción, cuya aplicación debe ajustarse al contexto de cada país:
Exigir compatibilidad con IPv6 en las adquisiciones públicas de equipos y servicios de TI. La demanda estatal puede impulsar la oferta y evitar inversiones que luego requieran reemplazos o adaptaciones.
Evaluar restricciones a la importación de equipos que únicamente soporten IPv4. El objetivo es evitar nuevos inventarios de tecnología incompatible con IPv6. Desde ya, esta medida requiere un análisis adicional de impacto económico.
Habilitar servicios públicos mediante IPv6. Avanzar inicialmente con al menos un servicio al público y extender el despliegue al conjunto de los servicios de gobierno electrónico.
Estas medidas necesitan responsables, recursos, capacitación y seguimiento. Los gobiernos pueden comenzar por sus propias compras, redes y servicios, y convocar a los demás actores a sumarse a la adopción desde el fomento y no desde regulaciones que los obliguen.
¿Cómo podemos apoyar desde LACNIC a los gobiernos?
En 2025 lanzamos Impulso IPv6, un programa anual de sensibilización y capacitación que llevamos adelante con reguladores y áreas TIC de gobiernos de la región.
Durante este programa, en conjunto con nuestras contrapartes locales, realizamos un diagnóstico inicial de la adopción de IPv6 en el país y luego hacemos una visita en la que llevamos adelante actividades de sensibilización para tomadores de decisión y capacitaciones para técnicos.
Durante el año posterior a esta visita, le damos seguimiento a las mediciones iniciales de diagnóstico para encontrar espacios de mejora en el ecosistema local y focalizar nuevos esfuerzos de sensibilización y capacitación a partir de esos datos.
La experiencia regional ofrece herramientas para avanzar. Convertir estas herramientas en conectividad efectiva requiere continuidad institucional y trabajo conjunto con la comunidad técnica. Cada servicio público habilitado y cada adquisición preparada para IPv6 contribuyen a una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de Internet.
Coordinación con el ecosistema
Coalición abierta a múltiples partes interesadas; buenas prácticas y planes con metas, indicadores y plazos (Resolución 4/2018).
Coordinación con el ecosistema
Plan para reactivar el GT-IPv6, fomentar la adopción entre pequeños prestadores, ampliar la certificación de equipos y realizar acciones de concientización y seguimiento (Anatel, 2024).
Despliegue y desarrollo de capacidades
Sitio de Subtel habilitado con IPv4 e IPv6; respaldo y financiamiento público a la iniciativa IPv6 para Chile (2011).
Estado como comprador y proveedor de servicios digitales
Lineamientos y plazos para entidades estatales; adopción de guías de transición y aseguramiento de IPv6 (Resoluciones 2710/2017 y 1126/2021).
Estado como comprador y proveedor de servicios digitales
Soporte IPv6 en compras públicas; planes institucionales, inventarios de incompatibilidades y plazo de implementación (Directriz 049-MICITT, 2013).
Estado como comprador y proveedor de servicios digitales
Requerimiento de compatibilidad con IPv6 en sitios web y plataformas públicas, en coexistencia con IPv4 (Acuerdo Ministerial 007-2012).
Estado como comprador y proveedor de servicios digitales
Planes institucionales y grupos de trabajo; soporte IPv6 en contrataciones TIC y metas de transición para las redes públicas federales.
Despliegue y desarrollo de capacidades
Proyecto de coexistencia en la Red Nacional Multiservicios (2022); capacitación e intercambio entre entidades públicas, operadores y LACNIC (2026).
Estado como comprador y proveedor de servicios digitales
Planes de transición en entidades públicas; coordinación de guías, lineamientos y capacitaciones (Decreto Supremo 081-2017-PCM).
Despliegue y desarrollo de capacidades
Capacitación para tomadores de decisiones y equipos gubernamentales, con participación de LACNIC (Indotel, 2024).
Estado como comprador y proveedor de servicios digitales
Recomendación de especificar soporte IPv6 en nuevas adquisiciones (estándares de gobierno electrónico, ficha de 2011).
Despliegue y desarrollo de capacidades
Habilitación de IPv4 e IPv6 en los sitios alojados en las plataformas web de Agesic (2012).
Coordinación con el ecosistema
Medidas y metas para operadores (Providencia 096/2025); propuesta de reforma para simplificar trámites y digitalizar el seguimiento, en consulta en noviembre de 2026.