El pasado 5 de diciembre tuve la posibilidad de moderar el panel de cierre de la edición número 16 del LACIGF, “Bloqueo en Internet: razones, consecuencias y cómo evitar la fragmentación”.
El panel contó con la participación de destacados especialistas en el tema, con quienes recorrimos las razones y consecuencias de los bloqueos de sitios en Internet.
En su intervención, Bruna Martins dos Santos, miembro del IGF MAG, se refirió a la fragmentación de internet como una “cuestión compleja” definida como “efectos intencionales o no de decisiones políticas, de productos, alteraciones de modelos de protocolos o similares que pueden tener impacto negativo sobre los usuarios finales”. Llamó a dar la discusión entre todos los actores involucrados en esta cadena de decisiones con el objetivo de una Internet que siga respondiendo a los principios de abierta, interconectada e interoperable.
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Juan Carlos Lara, de Derechos Digitales, subrayó luego la necesidad de pensar en los bloqueos como una instancia que incide en la “libertad de expresión” que es mucho más que expresar la opinión, sino la facultad de “buscar, encontrar, difundir información”. También asoció los bloqueos a una imposibilidad de asociarse con personas, realizar actividades económicas, educarse, o participar en distintas esferas de actividad social. Destacó que aún si un bloqueo es legítimo “puede ser una medida desproporcionada” que tiene potencial de “avanzar sobre otras cuestiones de la vida pública legítima”.
En ese sentido, Paloma Szerman, de WhatsApp, contó el caso de la aplicación, que tiene el antecedente de haber sido bloqueada en todo Brasil por una orden judicial surgida a raíz de una supuesta negativa a interceptar comunicaciones que habrían tenido lugar en la plataforma. “La app está cifrada de extremo a extremo, nadie que no esté puede participar en la conversación, es la manera de garantizar derechos fundamentales”, expresó. Así, puso en tela de juicio la proporcionalidad y la efectividad de este tipo de órdenes, dado que podrían generar conmoción social, dificultar el funcionamiento diario, económico, o comunicacional de una sociedad.
German López Ardila, de Youth LACIGF y participante del programa Líderes de LACNIC, compartió las conclusiones de su investigación sobre cómo en el Congreso colombiano se estaban moviendo algunos proyectos de ley que podrían tener algún potencial de bloquear contenidos, censurar o detener el flujo de contenidos legítimos entre 2018- 2022. Encontró que las razones de los intentos de bloqueo se relacionaban al daño a la honra, uso indebido del derecho de autor, medidas de protección a niñas, niños y adolescentes, delitos sexuales, fake news o protección a los consumidores. Sostuvo que “si bien las intenciones tenían buena fe, el bloqueo se revelaba como una medida bastante ineficiente”
Juan Carlos Lara, de Derechos Digitales, subrayó luego la necesidad de pensar en los bloqueos como una instancia que incide en la “libertad de expresión” que es mucho más que expresar la opinión, sino la facultad de “buscar, encontrar, difundir información”. También asoció los bloqueos a una imposibilidad de asociarse con personas, realizar actividades económicas, educarse, o participar en distintas esferas de actividad social. Destacó que aún si un bloqueo es legítimo “puede ser una medida desproporcionada” que tiene potencial de “avanzar sobre otras cuestiones de la vida pública legítima”.
En ese sentido, Paloma Szerman, de WhatsApp, contó el caso de la aplicación, que tiene el antecedente de haber sido bloqueada en todo Brasil por una orden judicial surgida a raíz de una supuesta negativa a interceptar comunicaciones que habrían tenido lugar en la plataforma. “La app está cifrada de extremo a extremo, nadie que no esté puede participar en la conversación, es la manera de garantizar derechos fundamentales”, expresó. Así, puso en tela de juicio la proporcionalidad y la efectividad de este tipo de órdenes, dado que podrían generar conmoción social, dificultar el funcionamiento diario, económico, o comunicacional de una sociedad.
German López Ardila, de Youth LACIGF y participante del programa Líderes de LACNIC, compartió las conclusiones de su investigación sobre cómo en el Congreso colombiano se estaban moviendo algunos proyectos de ley que podrían tener algún potencial de bloquear contenidos, censurar o detener el flujo de contenidos legítimos entre 2018- 2022. Encontró que las razones de los intentos de bloqueo se relacionaban al daño a la honra, uso indebido del derecho de autor, medidas de protección a niñas, niños y adolescentes, delitos sexuales, fake news o protección a los consumidores. Sostuvo que “si bien las intenciones tenían buena fe, el bloqueo se revelaba como una medida bastante ineficiente”
Alvaro Rueda, de la Consejería de Transformación Digital (Colombia) aseguró en este sentido que “no hay ningún proyecto de ley ni ninguna iniciativa en el país que busque reglamentar la actividad por fuera de las leyes que protegen a niñas, niños y adolescentes o derechos de autor”. Sí destacó que se está esperando la creación de la Agencia de Ciberseguridad frente a la necesidad de fortalecer la ciberdefensa, lo que requiere de más información para la toma de decisiones.
Por su parte, Esteban Lescano, de LAC-ISP, destacó que “lo primero que hay que pensar es que la naturaleza de un Proveedores de Servicio de Internet (ISP) es el acceso, por lo que suspender o bloquear impide o restringe su ADN”. Comentó que la mayoría de los ISP no tiene departamento de legales, por lo que la aplicación técnica de órdenes de bloqueo requiere de órdenes muy precisas y no genéricas. Asimismo, destacó que el bloqueo, una vez realizado “no se revisa y no evita que el contenido quede disponible”, sin embargo el usuario percibe un error en el servicio que puede dañar la reputación del prestador. Subrayó que el ISP no tiene responsabilidad sobre la eficacia del bloqueo ni puede hacer vigilancia activa sobre lo que hace el usuario. Añadió que los bloqueos “tienen un costo que no se ve” referido al tiempo, a los recursos humanos y tecnológicos que se invierten para que el bloqueo continúe activo.
En un sentido similar, Lia Solis, de LACNOG (Grupos de Operadores de Red de Latinoamérica y el Caribe) explicó que tienen que analizar “toda la Red para ver donde implementan el bloqueo”, lo cual nunca es tarea sencilla e implica, como efecto secundario, “la posibilidad de bloquear otras aplicaciones en la implementación”, perjudicando tanto al cliente como a los operadores. Finalmente destacó que la esfera judicial “necesita conocimiento técnico mucho más preciso”.
Estas discusiones e intercambios abiertos y entre las partes interesadas son necesarios en la región, en la cual cada vez más se utilizan los bloqueos como herramientas para combatir diversas actividades en línea.
Las opiniones expresadas por los autores de este blog son propias y no necesariamente reflejan las opiniones de LACNIC.
