A modo de continuación de nuestro último panel en Fortaleza -en el que visualizamos las posiciones de los diferentes actores sobre propuestas “Fair Share” o “Contribución Justa”-, LACNIC 41 sirvió de marco para realizar una actualización sobre el estado de estos debates en nuestra región y alrededor del mundo. Para ello contamos con la presencia de Alessandro Molon, Director Ejecutivo, Aliança pela Internet Aberta (Virtual), Fernando Borjón, Senior Advisor para América Latina, Access Partnership, Rodney Taylor, Secretario General, Caribbean Telecommunications Union (CTU), Alejandro Adamowicz, Director Regional de Tecnología para Latam, GSMA (Virtual) y Basilio Rodriguez Perez, Presidente, LAC-ISP.
También durante 2023 la Comisión Europea realizó una consulta exploratoria sobre el futuro de la conectividad en el sector y su infraestructura con Fair Share como uno de los temas centrales. En octubre de ese año publica los resultados de la consulta destacando la necesidad de contar con “infraestructura de conectividad confiable y resiliente”, sin embargo, no es concluyente en materia de Fair Share. En febrero de 2024 realizó una consulta sobre “nuevas iniciativas para las infraestructuras digitales del mañana” que estará abierta hasta el 30 de junio de 2024.
En el caso de nuestra región, en febrero de 2024, GSMA América Latina realizó un llamado a la acción para “asegurar el desarrollo de Internet y el futuro digital de América Latina y el Caribe” teniendo en cuenta que más de 230 millones de latinoamericanos y 22.8 millones de caribeños aún no están conectados por brechas de uso. El llamado es a habilitar esquemas flexibles de Fair Share alineadas con pronunciamientos de otras regiones y de otros organismos internacionales. Particularmente en el Caribe, un grupo de operadores autodenominado “C9”, realizó un llamado similar.
En el marco del panel Fernando Borjón explicó que el planteo llega desde Europa donde está planteado que en 2030 todas las poblaciones tengan cobertura 5G, que en todas las casas tengan acceso a un gigabit por segundo en materia de velocidad, que el 75% de las empresas utilice cloud y que el 80% de las personas esté calificada en materia digital. “Lo que buscan es que se contribuya al mejoramiento del funcionamiento de las redes bajo el argumento que los operadores han visto altamente reducidos sus márgenes y quieren cumplir la agenda digital. También hay que tener en cuenta que están atravesados por altos precios en materia de espectro y eso genera presiones financieras”.
En ese contexto, la propuesta es que las plataformas sean las que paguen por el servicio de tráfico que los operadores ofrecen y contribuyan a la inversión que se requiere para la infraestructura de conectividad. “Recordemos que las plataformas ya están contribuyendo en algún sentido a la inversión en las redes en materia de cloud, datos, data centers o cables submarinos; sin embargo lo que buscan es que haya una contribución directa hacia ellos”, destacó.
Alejandro Adamowicz por su parte se refirió a los desafíos del negocio desde la mirada de los operadores. Según explicó, enfrentan un crecimiento de tráfico que en Latinoamérica es del 23% en promedio mientras en los países más desarrollados alcanza el 15%. “Esos márgenes presionan a mejorar la calidad del servicio, recordemos que los operadores están regulados en materia de calidad de servicio y eso lleva el CAPEX a 18% sobre el ingresos, con márgenes que en el mejor de los casos pueden estar alrededor del 30%. La situación de los operadores es compleja porque los ingresos están estancados -crecen en términos reales al 1%- y si bien es una industria que ingresa 1.1 trillones de dólares anuales paga 560 billones en impuestos y contribuciones sin contar el espectro”.
Respecto de las metas de América Latina subrayó la búsqueda de llevar el tráfico por usuario de 7 gigabits en 2023 a 32 en el año 2030. “En Latinoamérica el 74% del tráfico es video y el 80% está concentrado en seis plataformas tecnológicas bien rentables que tienen una capitalización de mercado notable”, comentó.
Por último dejó un mensaje para aquellas políticas públicas que busquen mantener la calidad de servicio y cerrar la brecha de uso que hoy está en la región en torno al 30%. “La brecha de conectividad llega al 4%, lo que quiere decir que el esfuerzo de cobertura está hecho y lo que está faltando es que se pueda mantener la satisfacción de la demanda de datos. El modelo ha cambiado en estos últimos 10 años fundamentado por la explosión del video, sin embargo la regulación es de 1999. Esa es la razón por la que los operadores llaman a que exista una contribución justa de quienes hacen uso de la red a través de algún tipo de acuerdo, sin perjudicar ni discriminar por tipo de tráfico o por tipo de actor”.
Alessandro Molon por su parte subrayó que la imposición de una remuneración extra por el mismo servicio no encuentra una justificación válida sino por el contrario conlleva peligros para el ecosistema digital, “incluso para las empresas de telecomunicaciones que se benefician con más consumidores dispuestos a pagar para tener acceso a contenidos y servicios en línea” y agregó otros riesgos que pueden venir de la mano de esquemas de Fair Share como daños a la neutralidad de la red, a la competencia y la competitividad de miles de pequeños y medianos proveedores de Internet.
En su mirada, quien ofrece servicios de disponibilidad de contenido en la red incentiva el crecimiento de las empresas de telecomunicaciones y enfatizó: “Este vínculo no debe ser percibido como competencia sino como una colaboración que se da entre ambos”.
Rodney Taylor explicó que en la región del Caribe existe una situación que se repite: la necesidad de invertir en la expansión de la red, particularmente en pequeños estados y por el alto costo de la infraestructura. “Los operadores solicitan que haya una facilidad en las conversaciones con las grandes compañías tecnológicas. Esas conversaciones las comenzamos en febrero del año pasado y de ellas surgió que durante un período de tres meses íbamos a consensuar una serie de recomendaciones para los hacedores de políticas públicas de la región”.
Las conversaciones se centraron en mirar el problema desde el punto de vista del negocio (es decir, establecer números concretos cuando se habla de contribuciones, especificar qué aspectos condicionarían las regulaciones y de qué manera concreta los fondos podrían ser utilizados para la expansión de las redes entre otras cuestiones técnicas). “Vale destacar que no hubo ningún tipo de consenso en estas discusiones”, aclaró Rodney y sumó: “Los operadores respondieron que esta discusión no se resolvía a nivel técnico sino que se trataba de hacer una contribución económica mientras que las OTTs no querían hablar de ninguna retribución económica o regulación sino focalizarse en soluciones técnicas”.
El resultado de las negociaciones fue el compromiso a seguir con la discusión y un resumen de consideraciones hacia el gobierno además de la conformación de un grupo de discusión que incluye el Comité de Competencia del Caribe dado que “los operadores argumentan fuertemente que esto es una discrepancia del mercado”, aclaró.
Para Basilio Rodriguez Perez la discusión en torno al Fair Share es “antigua”. “Hoy tenemos los CDN y los IXPs. Que los contenidos estén presionando el uso de las redes es un falso problema porque hoy en día casi todos acceden a Internet a través de un celular pero el 85% de las veces que uno está utilizando un celular utiliza una red Wi Fi, es decir, una red fija con fibra óptica, solo 15% del tiempo que se utiliza Internet estás en la red móvil en la calle”.
Según explicó Internet cambió y todo el contenido está en el borde. “Cerca del 80% del tráfico viene de IXPs, me refiero también al streaming de Netflix, YouTube y el consumo de video en general. La última milla al llegar al cliente ya está en fibra óptica, no hay presión ni necesidad de 5G, tampoco de que las redes reciban dinero de quién tiene el contenido”.
Asimismo, se refirió a los objetivos de Europa como “ absolutamente diferentes a lo que ocurre en América Latina” y puntualizó que si en la región se establece una tasa de cobranza de red “ese dinero no se va a utilizar para mejorar la conexión en la zona del Amazonas o en las áreas rurales sino para colocar 5G en las grandes ciudades y esa iniciativa está lejos de ser justa”. Agregó además que todas las empresas de telecomunicaciones de Brasil según las últimas publicaciones públicas aumentaron sus niveles de recaudación. “Internet no es solamente 5G sino banda ancha fija en las residencias y WI Fi con capacidad mayor, nuestros problemas son otros”, reflexionó.
Sobre el cierre, Adamowicz retomó la referencia al caso de Corea del Sur, considerado “un éxito” en implementación de esquemas de Fair Share. “Está enfocado en grandes empresas y los pequeños proveedores no corren riesgo. Lo que hace el modelo es restablecer el equilibrio entre operadores y OTTs. En contra de lo que se podía prever, el tráfico móvil creció aproximadamente un 34% en los últimos 5 años por lo que claramente no afectó la demanda”. Sí bien uno de los proveedores llevó la distribución de contenidos a Japón para evitar el cargo de contribución justa, la disputa finalizó con una resolución amigable entre las dos partes. “En agosto de 2023 se hizo un acuerdo. Si bien es un tema áspero, el caso prueba que si las partes se sientan a negociar libremente las resoluciones pueden ser efectivas”.
Para completar Borjón explicó que existe una visión de los reguladores donde es preciso entender que los operadores necesitan tener sus márgenes de ingresos y a la vez la capacidad de invertir y de mejorar en infraestructura frente a una alta demanda impulsada por la inteligencia artificial. “Mucho se puede resolver por la parte fija pero también se prevé un crecimiento de lo móvil y en Latinoamérica tenemos además la cuestión de la brecha digital. Fair Share no es la única solución posible para este tema, hay que impedir afectar la neutralidad de la red y un camino alternativo podría ser el precio del espectro teniendo en cuenta que los valores que se pagan en América Latina son muy altos”; cerró.
